Concejo aprueba ley que obliga al Alcalde a actuar contra bloqueos y defender la libre circulación en La Paz
DIRCOM/CONCEJO MUNICIPAL, La Paz, 12 de junio de 2026.-
El Concejo Municipal de La Paz aprobó la Ley Municipal de Libre Locomoción y Transitabilidad, una norma que establece mecanismos de prevención y acción frente a bloqueos y protestas que afecten la circulación de personas, el abastecimiento de productos esenciales y el desarrollo de actividades económicas en el municipio.
La Presidente del Concejo Municipal, Waldy Caballero, informó que la iniciativa fue aprobada por el órgano legislativo y tiene como finalidad resguardar el derecho de los ciudadanos a desplazarse libremente, así como garantizar el acceso a alimentos, medicamentos, combustibles y servicios básicos en situaciones de conflicto social.
“La norma busca proteger los derechos fundamentales de los paceños y establece responsabilidades concretas para la Máxima Autoridad Ejecutiva Municipal cuando se registren bloqueos o acciones que afecten la transitabilidad”, señaló Caballero al anunciar la aprobación de la ley.
Por su parte, la Concejala Alejandra Delgado, impulsora de la propuesta, explicó que la normativa surge a raíz de los prolongados conflictos sociales que en los últimos meses provocaron desabastecimiento, dificultades en el acceso a servicios de salud y millonarias pérdidas económicas para distintos sectores de la ciudad.
La legisladora detalló que la Ley busca garantizar la libre locomoción y transitabilidad en toda la jurisdicción paceña, proteger el derecho al trabajo de gremiales, transportistas, artesanos, productores, emprendedores y operadores turísticos, y obligar al Ejecutivo Municipal a asumir acciones concretas cuando existan amenazas o vulneraciones a estos derechos.
Todo esto frente al desabastecimiento de alimentos, perdida de productos perecederos, dificultad de acceso a hospitales y centros de salud, afectaciones al trabajo y la educación, perjuicios económicos a comerciantes, productores y consumidores, restricciones a la libre circulación de la ciudadanía, afectación a bienes inmuebles, entee otros.
La iniciativa busca fortalecer la capacidad institucional del Gobierno municipal para preservar la movilidad humana, garantizar el abastecimiento de productos esenciales, y proteger los derechos e intereses de la población, contribuyendo al funcionamiento regular y continuo de la ciudad en beneficio del interés colectivo.
Entre los principales alcances de la norma se establece que el alcalde deberá activar medidas preventivas cuando tenga conocimiento de movilizaciones que puedan derivar en bloqueos, promoviendo procesos de diálogo y coordinación con autoridades nacionales, departamentales, la Defensoría del Pueblo, organizaciones religiosas y representantes de los sectores movilizados.
Asimismo, la Ley contempla acciones correctivas cuando los bloqueos ya se hayan materializado. En esos casos, la Autoridad Municipal podrá constituirse en parte querellante ante el Ministerio Público, impulsar acciones constitucionales para la defensa de derechos colectivos, solicitar la reparación de daños ocasionados a bienes públicos e incluso requerir al Gobierno nacional la declaratoria de estado de excepción en el municipio cuando exista una situación de conmoción interna.
La normativa también fija límites al ejercicio de las protestas, estableciendo que ninguna movilización podrá impedir el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, obstaculizar el paso de ambulancias, restringir el trabajo de los medios de comunicación ni bloquear las principales vías de acceso a la ciudad.
Otro aspecto relevante es que obliga al Ejecutivo Municipal a presentar informes ante el Concejo sobre las acciones realizadas durante los conflictos y a elaborar planes de recuperación para las zonas afectadas una vez superadas las emergencias.
Tras su aprobación, La Ley fue remitida al Alcalde César Dockweiler para su promulgación y puesta en vigencia.
La Presidenta del Concejo reiteró el pedido al Ejecutivo Municipal para que restablezca el funcionamiento del Sistema de Trámites Municipales (SITRAM), cuya paralización supera los 40 días y mantiene pendientes miles de gestiones ciudadanas. Caballero afirmó que la reapertura de la plataforma es una demanda urgente para evitar mayores perjuicios a vecinos, contribuyentes y sectores productivos del municipio.
